La empresaria y promotora de negocios Karelim López Arredondo se acogió al procedimiento de colaboración eficaz. Lo hizo en una nueva investigación que inició en su contra la fiscalía especializada en lavado de activos, Luz Taquire Reynoso. Ante la posibilidad de ser detenida habría decidió hablar. Coincidentemente, confirma todos los trascendidos periodisticos de los últimos meses.

La República pudo constatar la existencia de una declaración de colaboración eficaz con clave N° 001-2002-2FISLAA ofrecida a la fiscalía que diversas fuentes oficiales atribuyen a López Arredondo. Minutos después que se firmó el documento y la colaboradora se retiró de la fiscalía, su declaración fue fotocopiada y se distribuyó dentro y fuera del Ministerio Público, según nuestras fuentes, antes de una mínima corroboración.

El equipo del fiscal superior coordinador de lavado de activos, Rafael Vela Barba le da una altisisma credibilidad a la declaración de Karelim López, aseguraron fuentes judiciales.

El abogado de López, César Nakazaki no contestó las llamadas telefónica que le hizo La República desde el viernes último, para verificar dicha información recibida y conocer su opinión. Las fuentes oficiales del Ministerio Público también guardan silenció frente a nuestros pedidos de información.

El aspirante a colaborador eficaz revela la existencia de una presunta organización criminal, encabezada por el presidente Pedro Castillo, que se habría infiltrado en Palacio de Gobierno, en diversos ministerios y el Congreso de la República.

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El objetivo de dicha organización, asegura, sería obtener dinero con las licitaciones de obras públicas, con los nombramientos en las Direcciones de Salud a nivel nacional, los ascensos en los institutos armados y los reclamos tributarios ante la SUNAT.

El dinero recaudado, según el colaborador, sería utilizado para pagar las deudas que el presidente Castillo habría contraído en la campaña electoral. “Tengo que pagar a los empresarios que han financiado mi campaña”, le habría dicho el presidente.

Además, señlala, que la organización habría logrado obtener el apoyo legal y la protección del fiscal superior Omar Tello Rosales, coordinador de las fiscalias anticorrupción, y de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera . De esta manera, la fiscalía no investigaría sus actividades y se les protegería ante cualquier denuncia.

Los principales integrantes de la organización, según el colaborador, serían el dueño de la casa del jirón Sarratea, Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, los sobrino del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Castillo Gómez, el exsecretario general de la presidencia Bruno Pacheco Castillo, el ministro del MTC, Juan Francisco Silva Villegas y, por lo menos, cinco congresistas de Acción Popular, a los que se describe como “Los Niños”.

La declaración también compromete al premier Aníbal Torres y al ex ministro de defensa, Walter Ayala. Aunque no es claro si también como integrantes de la organización ilícita.

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La organización, relata habría empezado a actuar en la casa ubicada en el jirón Sarratea 179, en el distrito de Breña y luego se habría traslado a Palacio de Gobierno. Así, asegura que fue testigo presencial de reuniones, acuerdos ilícitos y discusiones que ocurrieron y siguen ocurriendo en la casa del jirón Sarratea y Palacio de Gobierno desde julio del 2021 hasta el momento actual.

Precisó que participó en dos reuniones en la casa de Sarratea donde Castillo ordenó y acordó con Segundo Sánchez y Bruno Pacheco “negociar” las licitaciones de obras públicas y arreglar las deudas tributarias con el distribuidor mayoristas de equipos informáticos Grupo Deltrón.

En esas reuniones, el presidente Castillo les habría dicho que debía cumplir con las deudas que había contraído con diversos empresarios que financiaron su campaña electoral.

Sobre la campaña, en otra parte de la declaración, el colaborador dice que Bruno Pacheco le contó que el presidente había reconocido que “Los Dinámicos del Centro” aportaron dinero a su campaña. La lista empresarios beneficiados es bastante amplia e incluye a tráficantes de terrenos y de venta de insumos quimicos, que frecuentemente se desvían a la mineria ilegal.

Sobre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, refiere que el ministro Juan Silva ha estructurado una red para arreglar las licitaciones de obras públicas en Provías Nacional, siguiendo con el modelo del “Club de la Construcción”, es decir recibir un porcentaje del costo de las obras licitadas.

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Respecto, al MINSA señala que existe una red que cobra hasta 150 mil soles para nombrar a los directores regionales de Salud.

El colaborador también indica que tras el hallazgo de los 20 mil dólares en su oficina, hubo una fuerte discusión entre Pachecho y el presidente Castillo. El presidente le pidió a Bruno Pacheco que renuncie pero este se negó. Al final lo convenció ofreciéndole ser asesor externo y posteriormente recibir un contrato en el exterior.

Igualmente, el colaborador refiere haber participado en una reunión con un primo del fiscal Omar Tello en un restaurant en Lince cerca de la conocida cadena de comidas “Siete sopas”. En esa reunión, el primo del fiscal les dijo que no se preocuparan que había hablado con Omar Tello y que todo está “bajo control”.

Igualmente, que el 17 de diciembre, el presidente Castillo les dijo que se iba a reunir con la N.º 1 de la fiscalía, en referencia a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos y que todo se arreglaría . El 21 de diciembre, el presidente Castillo fue caminando desde Palacio de Gobierno a la sede de la fiscalía de la Nación y fue recibido por la doctora Ávalos.

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