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Ultraconservadores ahora podrán vetar los textos escolares

La mayoría del Congreso, liderada por Renovación Popular, dio luz verde a que organizaciones de padres revisen contenidos sobre educación sexual e historia

Después de seis años de intentos, finalmente, los grupos conservadores podrán intervenir en la elaboración de textos escolares.

Esto tras la aprobación del pleno del Congreso del proyecto de ley N° 904-2021, el cual reduce el rol rector del Ministerio de Educación (Minedu) y ordena que el contenido de los materiales educativos pasen por la revisión de determinadas organizaciones de padres, entre ellas las que se oponen al enfoque de igualdad de género y a la educación sexual integral.

De no cumplirse ello, dice la iniciativa, habrá sanciones, destituciones y hasta la supresión de las páginas “observadas” de los libros.

El texto sustitutorio, que el último jueves recibió 88 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones, tiene como autor a Esdras Medina, de Renovación Popular, quien también es rostro visible del colectivo ultraconservador Con mis hijos no te metas.

Este proyecto, al igual que la contrarreforma universitaria, pasó por la Comisión de Educación sin un debate técnico y unió a las bancadas de derecha e izquierda (RP, Fuerza Popular, Perú Libre, Avanza País, Acción Popular, APP).

Tras su aprobación, entidades como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la Defensoría del Pueblo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) alertan que se trata de un grave retroceso en la implementación del enfoque de género en las escuelas, lo cual -en términos prácticos- apunta a construir relaciones equitativas entre hombres y mujeres, sin violencia ni discriminación.

“Limita las competencias del Minedu para elaborar los materiales y la rectoría del MIMP en sus políticas de género”, dice la titular de la Mujer, Diana Miloslavich.

Además, subraya la Defensoría, desconoce el currículo escolar, las políticas multisectoriales a favor de niños, convenciones internacionales y hasta la Constitución.

También representa un peligro al institucionalizar la práctica del derecho al veto por parte de los padres cuando el rol rector y técnico lo tiene el Minedu.

“Imagina que los padres definan contenidos educativos y que habría que consultarles si se debe enseñar Lenguaje o Matemática. Ellos no están impedidos de hablar directamente con sus hijos.

Lo que no pueden hacer es prohibir que un niño conozca sobre educación sexual integral. Prefieren otorgar el derecho a veto y no se escoge la prevención de problemas históricos como la violencia”, indica la adjunta de la Niñez y Adolescencia, Matilde Cobeña.

Esta norma que “impulsa la calidad de los materiales educativos” plantea que los padres participen en el proceso de elaboración para las áreas de Personal Social; Desarrollo Personal, Ciudadanía y Educación Cívica; Ciencias Sociales; Descubrimiento del Mundo, y Ciencia y Tecnología no solo a través de las Apafa, sino también con “asociaciones civiles constituidas e inscritas en Registros Públicos” u otras instancias de representación.

Precisamente, este tipo de organizaciones -de posición conservadora- fueron las que dieron una opinión “técnica” sobre dicho proyecto en la Comisión de Educación, presidida por Medina. Entre ellas están la Coordinadora Nacional Profamilia, la Coordinadora por la Vida de Arequipa, la asociación Origen-Vanguardia y Cambio Cultural, de Giuliana Caccia, opositora al enfoque de género.

Para la exministra de la Mujer Gloria Montenegro, hay “trampas” en enunciados de la norma, que permiten el avance de estos grupos en la educación. “¿Qué organizaciones hay inscritas en registros públicos de manera institucional? Tenemos a Con mis hijos no te metas”.

Los otros planes

Según la norma de Renovación Popular, el Minedu debe “vigilar la calidad” bajo principios como el “respeto a la libertad religiosa o convicciones morales de educandos y de sus padres”.

“La educación no debe ser un medio para promover ningún tipo de ideología social o política”, refiere. Esto último se asemeja a la demanda interpuesta por otro colectivo ultraconservador en contra del enfoque de igualdad género en el currículo escolar (2016), que el Poder Judicial declaró infundada.

Pero también recuerda cuando el 2017 y 2018 el Congreso, de mayoría fujimorista, pretendía que el Minedu prepublique los textos vinculados a género o historia para que los padres emitan observaciones.

Ahora esta figura es una realidad. Y es que la iniciativa aprobada plantea que cuando el sector Educación elabore un material, deberá notificar a la Comisión de Educación, al defensor del Pueblo y a las organizaciones de padres.

Luego, en un plazo de 10 a 20 días, recibirá los comentarios de las asociaciones o, incluso, materiales alternativos. Tras ello, debe dar el resultado de su análisis y las organizaciones verán si están conformes.

Sin embargo -advierte- si un funcionario aprueba o publica un texto escolar sin la participación de los padres, será sancionado o suspendido sin goce de remuneraciones hasta por tres años e, incluso, destituido.

Los padres, además, podrán impugnar los textos cuyo contenido “vulnere los principios” o donde no hayan participado. Al día siguiente, las escuelas deben suprimir el contenido de las páginas “observadas” de los libros y se prohibirá su uso en otras ediciones.

Para la antropóloga Angélica Motta, quien lideró un estudio sobre educación sexual en escuelas (2017), la intervención de los padres en temas controversiales para la sociedad peruana es usado por grupos políticos con el fin de posicionar una agenda conservadora.

“Los padres deberían reflexionar si están capacitados en ver contenidos para los cuales no están formados técnicamente. No les quita que estén involucrados, pero a través de las instancias correspondientes”.

La también coordinadora de la Maestría de Género de San Marcos dice que en las escuelas lo que se reclama es más capacitación para docentes.

La Defensoría exhortó al Ejecutivo a observar la norma.

El Minedu dijo que esto último será evaluado y que la igualdad de género debe mantenerse. Reconoció tener el rol rector. El MIMP pidió al Congreso reconsiderar la decisión

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